El Constituyente de 1917 consagró en nuestra Constitución las garantías sociales de las que hoy en día gozamos los mexicanos, entre ellas, el derecho de los trabajadores a la vivienda.

Establecida esta garantía social en la fracción XII del artículo 123 Constitucional, los patrones estaban en obligación a proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a los trabajadores, por las que podrían cobrar rentas que no excederían del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas.

La fallida reglamentación del artículo 123 Constitucional en la Ley Federal del Trabajo, promulgada en 1931, llevó a algunas empresas a realizar programas de vivienda; pero el mandato Constitucional continuaba sin cumplirse, dejando el derecho de los trabajadores como un mero enunciado.

La escasez de viviendas se había tornado cada día más apremiante como consecuencia del tránsito de una sociedad predominantemente rural a un país urbano y de un acelerado crecimiento demográfico.

Para abordarlo, la Ley Federal del Trabajo de 1970 dedicó el capítulo III de su Título IV denominado “Habitaciones para los Trabajadores” a la reglamentación de la fracción XI I del artículo 123.

En el desfile del 1° de Mayo de 1971, Fidel Velázquez Sánchez, Secretario General de la CTM, consciente de que la Ley de 1970 no significaba una solución del problema y podría propiciar infructuosos enfrentamientos entre los factores de la producción, propuso al Presidente de la República que, dentro de la Comisión Nacional Tripartita que se integraría para estudiar algunas de las cuestiones más importantes para la vida social y económica del país, se incluyera el problema de la vivienda popular. El Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, aceptó esta proposición y encomendó a la Subcomisión quinta el estudio de ese tema.

La Subcomisión, propuso reformas a la fracción XI I del artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, así como la expedición de una ley para la creación de un organismo tripartito que sería el encargado de manejar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda.

El Ejecutivo Federal hizo suyas estas proposiciones y el 22 de diciembre de 1971 presentó las iniciativas de reformas a la Constitución General de la República y a la Ley Federal del Trabajo y posteriormente la iniciativa de ley que creó el INFONAVIT.

Estas iniciativas fueron aprobadas por las Cámaras Legisladoras y publicadas el 24 de abril de 1972. La Asamblea constitutiva del INFONAVIT se llevó a cabo el día 1o. de Mayo de ese mismo año.

Consideró, además, de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones que administra los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda.